Ya hemos visto hasta el hartazgo a través de los medios de comunicación concentrados que el subsecretario para América Latina del Departamento de Estado de EE.UU., Arturo Valenzuela, afirmó que no hay seguridad jurídica en la Argentina. Felices entonces los gorilas.
Pero veamos de dónde viene la noción de “seguridad jurídica”. La podemos rastrear en el padre el liberalismo político, John Locke, quien en 1689 publicó su Segundo Ensayo Sobre Gobierno Civil. Allí, Locke plantea que hay una serie de “derechos naturales” que son inalienables, los cuales engloba bajo en concepto de propiedad. Es decir, todos los derechos son una propiedad: propiedad de mi libertad, de mi religión, etc. y claro está de mis bienes materiales. Este derecho de propiedad es anterior a cualquier orden político, que no es natural, sino que debe ser constituido porque los hombres necesitan un “juez imparcial”. Así, los hombres se desprenden de su derecho natural de ejercer justicia por mano propia y crean una sociedad civil (política) en la que existe un poder político que funge de juez imparcial en las controversias entre privados.
Pero Locke también nos dice, que el mercado es un ámbito “natural”. El mercado es un ámbito anterior y primordial a cualquier orden político, el cual es artificial. Los seres humanos “naturalmente” se organizan a través del mercado. Pues bien, una vez que es creado el orden político (necesario más no deseado) para impartir justicia, sólo se le otorga a ese poder político el derecho de ejercer justicia, porque el resto de los derechos naturales los sigue conservando cada uno de los individuos.
Consecuencias de dicho planteo, el poder político sólo debe encargarse de impartir justicia y proveer seguridad. No debe intervenir en el mercado porque este es un ámbito natural y los individuos no le han cedido ningún derecho natural sobre éste. Esto, sirve como una frontera para el poder político porque cualquier intervención que el poder político haga, según esta doctrina, es “anti-natural”, es decir, “distorsiona” el funcionamiento natural del mercado y provoca la inseguridad jurídica de los derechos naturales que estos individuos no han cedido a dicho poder político.
Vaya, dejemos todo en manos del mercado que es el ámbito natural. El poder político no puede intervenir en el mercado porque es artificial y distorciona su adecuado funcionamiento. Entonces, si en la distribución de la riqueza te toca ser pobre, jodéte, porque es natural que seas pobre, si sos pobre es porque no sabés comportante de manera racional o sos un haragán. El poder político no se debe meter en el mercado.
Bueno, Valenzuela nos vino a dar clase de gorilismo. La seguridad jurídica es el argumento típico de la derecha que no quiere que un gobierno intervenga en el estado para distribuir. Toda una posición ideológica.
Pero veamos de dónde viene la noción de “seguridad jurídica”. La podemos rastrear en el padre el liberalismo político, John Locke, quien en 1689 publicó su Segundo Ensayo Sobre Gobierno Civil. Allí, Locke plantea que hay una serie de “derechos naturales” que son inalienables, los cuales engloba bajo en concepto de propiedad. Es decir, todos los derechos son una propiedad: propiedad de mi libertad, de mi religión, etc. y claro está de mis bienes materiales. Este derecho de propiedad es anterior a cualquier orden político, que no es natural, sino que debe ser constituido porque los hombres necesitan un “juez imparcial”. Así, los hombres se desprenden de su derecho natural de ejercer justicia por mano propia y crean una sociedad civil (política) en la que existe un poder político que funge de juez imparcial en las controversias entre privados.
Pero Locke también nos dice, que el mercado es un ámbito “natural”. El mercado es un ámbito anterior y primordial a cualquier orden político, el cual es artificial. Los seres humanos “naturalmente” se organizan a través del mercado. Pues bien, una vez que es creado el orden político (necesario más no deseado) para impartir justicia, sólo se le otorga a ese poder político el derecho de ejercer justicia, porque el resto de los derechos naturales los sigue conservando cada uno de los individuos.
Consecuencias de dicho planteo, el poder político sólo debe encargarse de impartir justicia y proveer seguridad. No debe intervenir en el mercado porque este es un ámbito natural y los individuos no le han cedido ningún derecho natural sobre éste. Esto, sirve como una frontera para el poder político porque cualquier intervención que el poder político haga, según esta doctrina, es “anti-natural”, es decir, “distorsiona” el funcionamiento natural del mercado y provoca la inseguridad jurídica de los derechos naturales que estos individuos no han cedido a dicho poder político.
Vaya, dejemos todo en manos del mercado que es el ámbito natural. El poder político no puede intervenir en el mercado porque es artificial y distorciona su adecuado funcionamiento. Entonces, si en la distribución de la riqueza te toca ser pobre, jodéte, porque es natural que seas pobre, si sos pobre es porque no sabés comportante de manera racional o sos un haragán. El poder político no se debe meter en el mercado.
Bueno, Valenzuela nos vino a dar clase de gorilismo. La seguridad jurídica es el argumento típico de la derecha que no quiere que un gobierno intervenga en el estado para distribuir. Toda una posición ideológica.
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