Muy breves reflexiones sobre el discurso de la calidad institucional

Solemos escuchar por estas pampas y también por diversas regiones de nuestra geografía latinoamericana un discurso apasionado en “defensa de la calidad institucional”. Generalmente las principales voces preocupadas por esta cuestión suelen ubicarse del lado derecho del espectro político –que por cierto es muy amplio y variopinto-. A primera escucha estas posiciones parecen de lo más sensatas. Sin embargo, si nos detenemos unos instantes comenzamos a encontrar que esta enconada defensa de la institucionalidad, muchas veces es el más feroz ataque no sólo a cualquier intento de modificación del status quo –por más ínfimo que este sea- sino también que resulta el más agraviante ataque a la institucionalidad misma –aquella pretendidamente defendida-. Así, las cosas no podemos de dejar de adjetivar estas posiciones por lo menos de hipócritas.
Veamos entonces algunos variados ejemplos. Encontramos en las noticias del periódico de hoy en día que el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires va en busca de la aprobación de dos leyes (ya han obtenido la aprobación de la Comisión de Justicia de la Legislatura) que le permitan al Poder Ejecutivo porteño a) recusar jueces sin dar ninguna causa y b) imponer la obligación de presentar una “contracautela” –es decir, una garantía patrimonial- antes de solicitar un amparo. ¡Vaya intromisión de un Poder Ejecutivo en el Poder Judicial! ¿En dónde quedan los derechos ciudadanos de los porteños? Sino recuerdo mal esta misma gente del PRO es la que despotrica por un supuesto avasallamiento del Poder Ejecutivo Nacional en el Poder Judicial por el caso del Consejo de la Magistratura.
Otro ejemplo. El diputado De Narváez, rompe obscenamente la ley electoral con su campaña. Pero en múltiples oportunidades a lo largo de la misma declara, entre otras cuestiones, estar sumamente preocupado por la “calidad institucional” del país. Me pregunto: ¿acaso quebrar la ley electoral no es atacar una norma central de la institucionalidad de la democracia representativa?
Sigamos, otra vez De Narváez esta vez es juez y parte si nos atenemos a su condición de diputado nacional y dueño de un multimedio. La ética pública brilla por su ausencia con el papel que desempeñó en torno del debate de la Ley de Medios. ¿Dónde está la calidad institucional que dice defender?
Ni que hablar de los argumentos vertidos por el empresario multimediático Vila, quien en nombre de la seguridad jurídica (o será de sostener su posición dominante en el mercado), no tiene empacho en señalar que la Ley de medios en discusión es “abre un peor escenario que la última dictadura”. Por supuesto, el empresario no recala en que tal cual el status quo que lo favorece, es la institucionalidad de la democracia representativa la que pierde.
Estos días hemos tenido muchos de este tipo de ejemplos en relación con el tratamiento de la Ley de Medios. Los radicales argumentando que este Congreso no debe debatir esta ley, ¿acaso no dañan a una institución legítimamente compuesta? ¿No lesionan a la institución parlamentaria cuando se retiran del recinto sin dar debate y se van a chillar frente a las cámaras de TV de los medios de comunicación? En este caso, si su decisión de salirse del recinto fue para “salvaguardar las instituciones republicanas”, ¿a qué instituciones le están otorgando preponderancia? ¿Al Parlamento o a TN? Y a todo esto, ¿no fue patético el cacerolazo de este último lunes –convocado vía cadena de mails- en contra de la Ley de Medios? Ese que estuvo mayormente protagonizado por las viejas-niñas (esas que están todas con cirugías, anoréxicas y marrones de tanta lámpara) de Palermo, Barrio Norte y Recoleta.
Para terminar dos ejemplos: uno de una provincia argentina. Otro de un país latinoamericano. Hace unos días, de visita en la ciudad de Santa Fe, conversaba con un militante social del Barrio Santa Rosa de Lima. Allí me contaba que ya no había podido seguir organizando el campeonato infantil de fútbol del barrio. ¿Por qué? Porque desde la municipalidad –que ahora tiene el Partido Socialista- ya no habían querido proveerles las pelotas y los trofeos como hacían todos los años. Es claro, desde el barrio no piden dinero: sino algunas pelotas y trofeos. ¿Cuál es el argumento para negarse? El argumento es muy sencillo: el fútbol debe jugarse en la institución en donde corresponde, esto es, en el club de fútbol que está a unas pocas cuadras del barrio. Consecuencia: la devoción institucional de los socialistas dejó a muchos pibes sin fútbol. Porque para ir a jugar al club hay que tener botines y muchos de los pibes del barrio Santa Rosa de Lima juegan descalzos, en ojotas o, en el mejor de los casos, en zapatillas. Difícilmente tengan botines. ¡Qué absurdo! Pero bueno, todo sea por la “calidad institucional” según los socialistas.
En México el actual presidente Felipe Calderón del Partido de Acción Nacional (PAN) -derecha católica- asumió acusado de haber cometido fraude. Su contrincante Andrés Manuel López Obrador líder populista del Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante el período electoral fue constantemente blanco de una campaña sucia perpetrada desde los grupos dominantes de los medios (Televisa y TV Azteca). Se anunciaba que si López Obrador llegaba a la presidencia arrasaría con la propiedad privada y las instituciones de la democracia representativa que tanto les había constado conseguir a los mexicanos. Así pues, en nombre de la institucionalidad se llevaron por delante el instituto más importante de la democracia representativa: el voto.
Pero bueno, será quizás que en todos los casos esta gente supone que es válido –en su caso- comprometer la calidad institucional, mancharla, torcerla y enturbiarla en pos de “salvarla”. Puro cinismo.